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Las autoridades salvadoreñas multiplican sus esfuerzos para detener los secuestros que sufre el país en una desigual lucha contra esa "industria" que no se detiene a pesar del endurecimiento de las leyes y sus castigos.
El presidente salvadoreño, Francisco Flores, anunció a finales de febrero pasado una serie de reformas a leyes y a los códigos penales con el propósito de que el combate del crimen organizado sea más efectivo y que sus responsables sean castigados con mayor severidad.
No obstante, lejos de disminuir los secuestros, que desde enero pasado suman 21, según las autoridades, estos se han visto incrementados en forma alarmante en las últimas semanas, especialmente después de los dos terremotos que devastaron al país centroamericano el 13 de enero y el 13 de febrero pasados.
La Policía Nacional Civil (PNC) ha conseguido golpear fuertemente a varias bandas de secuestradores y rescatado sanas y salvas a las víctimas, pero mientras aún son celebradas esas acciones, los secuestradores vuelven a las andadas con mayor intensidad.
Entre el lunes y el viernes pasados, se han registrado al menos ocho secuestros en diferentes puntos del país, la mayoría de ellos en la ciudad capital donde los secuestradores se movilizan con total impunidad e incluso a la luz del día.
Una portavoz de la PNC dijo hoy a ACAN-EFE que "la policía sigue en actividad contra los secuestros" y destacó que "desde las reformas a los códigos, estamos teniendo buena colaboración de los jueces que aceleran las órdenes de allanamiento y de la ciudadanía que denuncia los movimientos sospechosos en sus vecindarios".
En lo que va del año, la policía ha detenido a unas 31 personas acusadas de pertenecer a bandas de secuestradores y tiene en su poder órdenes de captura contra otras 54 a quienes busca intensamente y ofrece jugosas recompensas que podrían llegar hasta los 5.000 dólares.
El pasado jueves, la PNC liberó a la esposa de un empresario salvadoreño que había sido secuestrada el lunes último en San Salvador y detuvo a dos presuntos miembros de la banda que la retenía, tras enfrentarse a tiros en una colonia de la periferia este de la capital.
La liberación se produjo tras una intensa operación de rastreo que movilizó a decenas de agentes del Grupo Especial Antisecuestros de la PNC al mando del propio director de esa institución, Mauricio Sandoval, quien coordinó las acciones.
Mientras, se preparaba el golpe a los secuestradores de la mujer, se produjeron el jueves pasado, los plagios de un hombre no identificado en la colonia Rubio de San Salvador, de un agricultor de la ciudad de Aguilares, en la periferia norte, y de una madre con dos de sus hijos en Nahuzalco, departamento de Sonsonate, zona oeste del país.
Ese mismo día, fue secuestrada frente a su casa en una colonia de las afueras de la capital una niña de siete años, identificada únicamente como Cristina, y el pasado miércoles, otra mujer fue bajada de su automóvil por un grupo fuertemente armado en una transitada avenida capitalina.
También el propietario de una fábrica fue secuestrado en la madrugada del viernes, al igual que otra mujer que en horas de la noche fue llevada con rumbo desconocido desde un lujoso barrio de la capital.
Los secuestradores utilizan el mismo modo de operar en cada golpe, interceptan con un vehículo de cristales oscuros a sus víctimas a quienes amenazan con armas de guerra y luego, a poca distancia, cambian de coche y se confunden en el intenso tráfico de la capital salvadoreña.
Una de las enmiendas a las leyes, que entrará en vigor el próximo 21 de mayo, es la prohibición de circular vehículos con cristales oscuros, aunque el director de la PNC ha dicho que podría pedir al Gobierno que la aplicación de la misma se adelante ante el incremento de los secuestros.
"El polarizado (vidrios oscurecidos) es fundamental en el delito del secuestro, vamos a apresurar la entrada en vigencia esta ley para que sea eliminado en el menor tiempo posible", dijo Sandoval a la prensa local, y agregó que los secuestros representan "una guerra" para la PNC. |
