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Magaly Castillo |
Para la Comisión de Justicia y Paz mientras exista en el ambiente rumores sobre corrupción en la Administración Pública, esto impedirá el crecimiento económico del país que impulsa el gobierno mediante iniciativas conjuntas con la empresa privada para combatir los niveles de pobreza.
En otro argumento plasmado por este grupo de la Iglesia Católica, a través de un comunicado, manifestaron que no es suficiente que el Gobierno se haya comprometido en despedir al funcionario que esté involucrado en actos de corrupción. Es necesario investigar profundamente y en caso de comprobarse el delito, hay que sancionar según lo prescribe la ley, tanto al servidor público, como al que motive el hecho.
"Cada vez que un ciudadano denuncia un acto de corrupción el Gobierno exige pruebas, aún sabiendo que esto no es fácil para el ciudadano común, ya que no tiene la facultad ni los medios para investigar este tipo de actos", agrega el documento.
Justicia y Paz indica que en un Estado de Derecho hay órganos específicos, a quienes le compete hacer las pesquisas. En Panamá, es el Ministerio Público la instancia que por mandato constitucional le corresponde realizarlas.
"Reconocemos el compromiso manifestado por el Gobierno actual en la lucha contra la corrupción y que está expresado mediante la creación de la Oficina de la Corrupción, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas. Esperamos que en los próximos días se nombre a la persona encargada de esta dependencia y que la misma pueda actuar con autonomía".
Finalmente la agrupación recalca que "sólo cuando los diferentes Organos del Estado y la ciudadanía en general asuman una lucha frontal anticorrupción será posible crear un ambiente favorable para una inversión productiva y minimizar los índices de pobreza. |
