La Federación Internacional de Derechos Humanos y muchas asociaciones americanas llamaron hoy a Panamá a cumplir "a la mayor brevedad" la sentencia dictada en 2001 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de 270 empleados del sector público. Panamá debe reparar el perjuicio sufrido por esas personas "indebidamente destituidas".