Primero fue la Asamblea Legislativa el 16 de enero de 2002, ahora La Corte Suprema de Justicia. Los escándalos revientan a lo interno de estos órganos del Estado con tres años de diferencia. ¿Qué ocurre en el país?
En el primero de los casos, todos recuerdan que el legislador Carlos Afú sería sometido por su colectivo por votar en contra de la decisión de su partido. ¿Qué defensa usó para evitar su revocatoria? Denunció un supuesto soborno del sonado caso del Centro Multimodal de Servicios (CEMIS).
En la Corte Suprema de Justicia, las cosas parecen iguales. El magistrado Adán Arnulfo Arjona fue denunciado por contratar un personal violando las normas administrativas, pero al día siguiente hace público sus denuncias advirtiendo que sus colegas favorecían a narcotraficantes y a asesinos.
Las denuncias han hecho tambalear al país que ya esperaba que ese órgano del Estado acogiera la solicitud de apertura del caso CEMIS, pero la ciudadanía duda que se pueda confiar en una Corte viciada, luego de conocer los señalamientos de corrupción dentro de un órgano que tiene que velar por instruir justicia.
La Sociedad Civil debe cumplir con su misión de fiscalizar las acciones de los altos funcionarios. No puede quedar en el aire este tipo de denuncias que todos preguntan ¿por qué no se hicieron antes?
A la nueva administración, que presidente Martín Torrijos, le corresponde tomar acciones necesarias para devolver la paz y la tranquilidad a la ciudadanía que se siente mancillada.
Ojalá toda esta tormenta que se ha posado sobre esa ese acostada, que nuestro istmo, no sea utilizada por grupos que intenten robar nuestra democracia que tanto nos ha costado. Que Dios nos acompañe en esta lucha.