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Edificio principal de la Asamblea Legislativa.  |
Panamá está viviendo un escándalo político sin precedentes desde el viernes pasado, cuando la Procuraduría pidió a los 71 miembros de la Asamblea Legislativa que renuncien a su inmunidad para poderlos investigar por corrupción.a
El escándalo se destapó después de que resultaron ratificados, el 9 de enero, dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (Winston Spadafora y Alberto Cigarruista), designados por la presidenta Mireya Moscoso.
Tres votos del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD) resultaron claves para la ratificación. La dirigencia del PRD no sólo inició proceso de expulsión contra los tres legisladores por apartarse de los lineamientos del partido sino que, lo más grave, acusó a Carlos Afú, uno de ellos, de haberle vendido su voto al gobierno de Moscoso por 1,5 millones de dólares.
Afú rechazó la acusación y decidió responder con otra carga de profundidad. En plena rueda de prensa, sacó de su chaqueta un fajo de billetes por valor de 6.000 dólares y aseguró que era parte del soborno que habían recibido sus copartidarios para la aprobación de un proyecto turístico e industrial multimillonario.
Se refería al contrato que el Estado adjudicó, el 31 de diciembre pasado, al Consorcio San Lorenzo, de capital estadounidense y panameño, para Construir el Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (Cemis), en Colón.
Gran parte de la población está indignada, según lo muestran las encuestas y las protestas callejeras. "El pueblo lo sabe y tiene la razón: El Gobierno es corrupto, también la oposición", gritan los manifestantes.
MOSCOSO EN LA MIRA
La presidenta Moscoso, que había procurado ver desde la orilla del río las revueltas aguas que afectan a sus opositores, comienza a ser salpicada.
La mandataria, que en un principio rechazó haber recibido dinero para su campaña presidencial del empresario Martin Rodin, principal accionista del Consorcio San Lorenzo, tuvo que reconocer la semana pasada que Rodin sí le aportó 60.000 dólares.
Moscoso, que no está involucrada en ninguna denuncia o investigación, alega que como ella no manejaba la contabilidad de su campaña no tenía conocimiento de dicha contribución.
Por ahora el presidente de la Asamblea, Rubén Arosemena (del opositor Partido Popular), acató la solicitud de la Procuraduría, y exhortó a todos sus colegas a imitarlo para recobrar la "credibilidad" del Legislativo que, según él, "vive la más grave crisis de su historia".
Su ejemplo lo siguieron tres parlamentarios opositores y cuatro oficialistas. Y el PRD anunció que los 34 miembros de su bancada también lo harán. Pero, cuando menos se esperaba, el gubernamental Partido Arnulfista (PA) se negó en principio a que sus 33 legisladores actuaran de la misma forma.
"Resulta sospechosa la negativa del PA, porque da a entender que se está ocultando algo. La opinión ha omitido la presunción de inocencia y cree que la corrupción es un hecho", dijo a EL TIEMPO el analista independiente panameño Jaime Porcell.
El oficialismo se defiende: "Nosotros no creemos que se deba despojar de su inmunidad a los 71 legisladores, sino sólo a los sindicados. Sin embargo, vamos a respetar la decisión del Ministerio Público y nuestros legisladores irán a declarar cuando así sea solicitado. Ahora, los hemos dejado en libertad de renunciar a su inmunidad", declaró a este diario Germán Vergara, presidente encargado del PA.
Pero, aunque el Parlamento acate la sugerencia de la Procuraduría, el escepticismo seguirá intacto en el pueblo. Como explicó el ex procurador Rogelio Cruz a EL TIEMPO: "En la Asamblea, mediante un reglamento interno, se estableció un procedimiento legal que hace casi intocables a los legisladores. Habrá impunidad". |
