El pasado 5 de febrero, en Ciudad de Guatemala, el Fiscal General, Luis Camilo Osorio, fue sorprendido con una información que le puso los pelos de punta. Asistía a una cumbre iberoamericana de fiscales y, al término de una reunión, su homólogo de Panamá se le acercó para entregarle un dossier con documentos que le habían incautado a Arcángel de Jesús Henao Montoya y a su hermana Lorena, viuda del narcotraficante Iván Urdinola Grajales. Los hermanos habían sido capturados días antes en Panamá, en desarrollo de un operativo de la DEA y la Policía panameña, que desde hacía meses venía siguiendo sus movimientos.
La sorpresa de Osorio no fue tanto porque el fiscal panameño le entregara documentos sobre personas vinculadas con el narcotráfico -porque en su cargo eso es algo rutinario-, sino porque parte de la información comprometía a funcionarios de la Fiscalía. Entre los documentos había varias cartas de la abogada Melba Trejos dirigidas a Lorena Henao, que dejaban al descubierto la existencia de una red cuyos tentáculos se extendían hacia funcionarios de Fiscalía que manipulaban investigaciones y procesos de extinción de dominio y enriquecimiento ilícito, contra integrantes del clan Henao, del Valle.
Entre otras cosas, los documentos hacían referencia a exigencias en dinero por 300.000 dólares y 120 millones de pesos por parte de fiscales, para asegurar la devolución de bienes incautados y el archivo de investigaciones.
Horas más tarde, y ya repuesto de la sorpresa inicial, Osorio recibió una llamada de CAMBIO que, por otras fuentes, había tenido acceso a la misma información. Entonces, dijo que se había puesto en comunicación con Bogotá para ordenar las investigaciones del caso, y anunció que la ley se aplicaría con el mayor rigor. Días antes del viaje a Guatemala, había designado un nuevo director seccional de fiscalías en el Valle, en reemplazo de Diego Rojas Girón, pues tenía información en el sentido de que en las llamadas unidades de descongestión, se estaban cometiendo irregularidades.
