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El gobierno panameño le dijo “N” ayer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), específicamente a la resolución de cumplimiento de sentencia emitida por esta instancia judicial el pasado 22 de noviembre de 2002, la cual ordena al Estado panameño recalcular las indemnizaciones hechas a los 270 funcionarios destituidos en 1990 por la ley 25.
Según Publio Cortés, Viceministro de Finanzas, el Estado considera que la señalada resolución reinterpreta y agrega nuevos elementos no contemplados en la sentencia de la CIDH del 2 de febrero de 2001, la cual es definitiva e inapelable.
Esta sentencia condenó al Estado panameño al pago de indemnizaciones en concepto de salarios caídos, 13er mes, y daños y perjuicios a 270 empleados públicos destituidos en 1990 por el entonces presidente Guillermo Endara.
El Viceministro sostuvo que el gobierno ha cumplido hasta ahora con lo establecido en la sentencia de 2001, la cual reconocía que el Estado debía calcular las indemnizaciones basándose en el derecho interno.
Señaló que los cálculos realizados por el Estado contemplan que se les descuente a los trabajadores su impuesto sobre la renta, argumentando que de no ser cobrada, se estaría violando la Constitución Nacional. |
