Cuarenta días pidió la nueva procuradora para darnos un informe sobre los estados en que estaban los negocios más sonados de corrupción en nuestra sociedad. Inexorablemente los términos se cumplen y el pasado 11 de febrero, cumpliendo su promesa, la procuradora rindió informe sobre lo prometido, lo que hay que aplaudir. Lastimosamente las expectativas de muchos, incluyéndome, no se cubrieron. Y no se cubrieron porque si bien no se ha apartado todavía de llegar a los objetivos que creo la mayoría deseamos (ver a los maleantes del color que sean presos), está caminando lentamente hacia ellos o justifica no avanzar.
Si bien le echó la culpa de la impunidad a la inoperancia de la Corte Suprema de Justicia, bien pudo también mandar un mensaje de esperanza más directo de que debemos todos, como sociedad responsable, incluida la procuraduría, llevar adelante acciones para corregir esos entuertos que obstaculizan una correcta administración de justicia.
Sobre el caso Cemis y los posibles sobornos para el nombramiento de dos magistrados se mostró extremadamente floja, ya que si bien dice coincidir con la auditoría de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, responsabilizando a su antecesor de irregularidades en el manejo de ambos casos convertidos en uno, bien se puede concluir que esas irregularidades son fuente de delito por parte del anterior procurador, lo que amerita una investigación de oficio. Si hubo delito éste vició el proceso que llevó a una Corte perezosa, negligente, indulgente o también delincuente a ordenar el cierre del caso. En este caso la procuradora debe ser excesivamente celosa de su manejo, porque en él están involucrados además de legisladores del PRD, que la ratificaron, el CEN de dicho partido, liderado por Martín Torrijos como su secretario general, que la nominó para el cargo.
