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En el documento memoria anual de la Defensoría del Pueblo (2001-2002), que llegó a mis manos, aparece un cuadro de los altos dignatarios estatales que en ese período no cumplieron con su deber de informar en cuanto a la tramitación de expedientes en ese despacho. Es decir, estos señores directores, ministros y gerentes de empresas públicas y privadas, se dieron el tupé de no contestar diligencias en determinadas quejas presentadas ante esa instancia ciudadana.
Allí en ese listado aparece el Dr. Pablo Quintero Luna, jefe del Tránsito, que dejó de responder a 38 oficios sobre quejas presentadas ante la Defensoría, relacionadas con certificados de transporte, sanciones a conductores y prestación del servicio.
Igual ocurrió con la ministra de Educación Doris Rosas de Mata, cuyo despacho no contestó 24 requerimientos del Defensor del Pueblo sobre destituciones, concursos de puestos y otros temas inherentes a la función educativa.
En ese extenso listado de los funcionarios sordos están Jerry Salazar, entonces jefe de la Autoridad Marítima; el alcalde de Changuinola y el corregidor, la señora Ilka Barés, de Migración; Juan Jované, de la Caja de Seguro Social; Aníbal Salas, ex ministro de Gobierno y Justicia y otros tantos.
En total, ese despacho aseguró haber recibido en un año 808 quejas contra el gobierno central, instituciones autónomas y semi-autónomas, gobiernos locales, entidades bancarias y empresas privadas que prestan servicio público. |
