Cuando se procedió a eliminar el control previo en tres ministerios y se abusaba de las compras directas advertimos la suspicacias que esa medida levantaba en un país donde la tentación de la corrupción ha sido una tradición. A lo interno de la Policía se objetan ahora compra de ambulancias, uniformes, lentes, motos y otras adquisiciones. Ya se hacen las aclaraciones y se ordenan auditorías, pero todo ese mal sabor que genera ese tipo de filtraciones, se pudieron evitar con un adecuado control previo.
Si bien es cierto que las compras para el área de seguridad pública tienen carácter sensitivo, no se pueden reducir los niveles de control ni aducir que son compras urgentes, ya que con tantos avances tecnológicos, la excusa de la burocracia de los trámites debía desaparecer.
La intención de exceptuar a las instituciones del control previo no es un tema sólo de este gobierno. Durante la administración del mandatario Guillermo Endara hubo una polémica entre democristianos y la Contraloría respecto al tema. En el 2004, también se dio una propuesta perredista para eliminar la facultad constitucional de control previo.
Si existiendo el control previo se detectan irregularidades, disminuyendo éste se debilita la lucha contra la corrupción.
Eliminar el control previo, más que garantizar la eficiencia del gobierno, es una puerta peligrosa por donde se puede colar cualquier cosa.
La historia reciente del país está llena de casos en los que algún funcionario ha tratado de birlar los fondos públicos..