Jueves 5 de febrero de 2004

 

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Legislador transportista busca cambiar ley

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Carlos Estrada Aguilar
Crítica en Línea

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Según González, mil transportistas a los cuales se le ha secuestrado su unidad de transporte.

El presidente de la Comisión de Transporte de la Asamblea Legislativa, Marco González, planteó ayer la necesidad de reformar la ley que regula las actividades de las financieras y la ley general de transporte, con el objetivo de evitar que estas organizaciones bancarias secuestren los buses y taxis de los transportistas.

Según González, las financieras incumplen la ley de transporte que especifica que las unidades de transporte deben mantenerse en circulación, cuando éstas optan por secuestrar la unidad de transporte.

El parlamentario arnulfista denunció que dentro de las actividades de estas organizaciones está la expropiación del vehículo y el secuestro de propiedades privadas de los conductores como garantía de que recibirán los pagos de parte de los transportistas.

Ante esta situación, González indicó que presentará ante el pleno de la Asamblea una reforma a la ley N°34 que regula las actividades de las financieras. Igualmente, adelantó que por conducto de la Cámara Provincial de Transporte y de la Cámara Nacional de Transporte (CANATRA) interpondrán una millonaria contra las financieras.

Como dato de referencia, González manifestó que una unidad de transporte selectivo al contado asciende a B/.9 mil, mientras que con el financiamiento la deuda a pagar es de B/.22 mil aproximadamente.

González contabilizó un total aproximado de mil transportistas a los cuales se le ha secuestrado su unidad de transporte.

El legislador y dirigente transportista detalló una serie de irregularidades dentro de la relación transportista-financiera, donde indicó la existencia de un cálculo dudoso de cuentas morosas que le adeudan los dueños del transporte secuestrado.

En este sentido, el asesor legal de la Comisión de Transporte, Emidio Manzané, indicó que las financieras incumplen la ley, debido a que secuestran los buses o taxis sin la autorización de un tribunal de justicia que hay dictado la orden de secuestrar el bien material.

 

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