Conforme se divulga la información sobre el manejo del negocio de la energía eléctrica, se pone de manifiesto que el consumidor panameño no tenía una voz que defendiera sus intereses.
Empresas que venden electricidad generada por hidroeléctricas como si fueran producidas por plantas térmicas, forma parte de algunos de los elementos que afectaban la economía de los hogares y de las empresas panameñas.
La pregunta que surge de inmediato era saber qué papel desempeñaba entonces el Ente Regulador de los Servicios Públicos, que no estaba atento para advertir esas distorsiones de la llamada privatización.
Las cifras que se manejan sobre el negocio en algunos cuantas años superan los 1,600 millones de balboas con empresas que duplican sus ganancias y con un Estado que silenciosamente se embolsaba también un promedio de 37 millones de balboas por año.
Al fin, los consumidores panameños han despertado y levantan su voz para advertir que no aceptarán a la bulla de los cocos aumentos injustos de tarifas.
En cuanto al Ente Regulador se debería reformar su legislación para evitar que la operación de esa entidad se sufrague con fondos que provengan de las empresas privatizadas, porque entonces ellos serían también beneficiados de los ingresos adicionales que les produce el alza de las tarifas.
Creemos en la libre empresa, pero en servicios sensitivos se deben tomar en cuenta los intereses de los consumidores, que a la postre es el eslabón más débil en la cadena. Otro aspecto que deben aclarar las empresas involucradas en el negocio de la electricidad es quién paga el porcentaje de pérdidas que se produce en la generación, transmisión y distribución de la energía. ¡No queremos pensar que también se le clava esto al consumidor!.