Señor
Martín Torrijos Espino
Excelentísimo Presidente
de la República de Panamá
E. S. D.
Su Excelencia:
Señor Presidente la Fundación para Apoyo al Detenido siente profunda preocupación por los actos de tortura que se vienen suscitando en las cárceles de nuestro país, hecho que denunciado por nuestra organización hace mucho tiempo sin embargo para nada escuchado por muchos de sus funcionarios.
La tortura es un delito consagrado en la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, de acuerdo al texto suscrito en la Asamblea General de la OEA del 9 de diciembre de 1985 en Cartagena de Indias Colombia; no entendemos cómo es posible que la Policía Nacional mantenga su presencia en la seguridad interna de las cárceles al día de hoy.
Señor Presidente el Estado Panameño se obliga a prevenir y sancionar la tortura.
Señor Presidente se entiende por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos y mentales.
Señor Presidente son responsables de tortura los empleados públicos o funcionarios públicos que actuando en ese carácter ordenen, instiguen, introduzcan su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan.
Señor Presidente no es invocará ni admitirá como justificación del delito de tortura la existencia de circunstancias tales como estado de guerra... Ni la peligrosidad del detenido o penado, ni la inseguridad del establecimiento carcelario o penitenciario pueden justificar la tortura.
Los hechos del 6 y 10 de enero de 2006 suscitados en el Centro Penitenciario La Joyita son repudiables, censurables y nos obligan a acudir ante las instancias internacionales para ventilar este delito que lesiona los derechos humanos de los privados de libertad.
Ante estos hechos la Fundación para Apoyo al Detenido confirma su disposición de acudir ante la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos con sede el Washington en el mes de marzo de 2006 para denunciar el incumplimiento de Panamá de las Reglas Mínimas sobre tratamiento de los reclusos y la Ley 55 que moderniza el Sistema Penitenciario panameño.
Sin otro particular,
Atentamente,
Licdo. Javier Enrique Justiniani G.
Presidente Fundación para Apoyo al Detenido