Una consulta jurídica concluyó que el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSP) no tiene las "manos atadas" por la Ley 6 y los contratos de concesión de las empresas de servicios públicos, reveló el ex presidente Ernesto Pérez Balladares.
Agregó el ex mandatario que así mismo se queda sin sustento el argumento de que el ERSP, "por respeto a la seguridad jurídica de las empresas, no les quede más opción que aprobar las tarifas".
Puntualizó que la entidad tiene la responsabilidad de asegurar que las empresas obtengan ganancias razonables y al mismo tiempo, los usuarios del servicio paguen tarifas razonables.
La consulta revela además que "al otorgarle la ley (al ERSP) la facultad de aprobar las tarifas le confiere también, implícitamente, el modificarlas".
"El Ente no está cumpliendo con su función reguladora" enfatizó el ex gobernante, al tiempo que reiteró que el problema no está fundado en las leyes, sino en cómo se administró la entidad.
De acuerdo al "Toro", hace 10 años se concretó un proceso de privatización diferente al que ha caracterizado a América Latina, que demandaba la venta del 100% de las empresas de servicios públicos. "En Panamá, el Estado es propietario del 49% de las acciones de dichas empresas y ha mantenido para sí la transmisión de energía, esto lo hicimos bajo la gravedad de que no recibiríamos financiamiento para construir nuevas plantas generadoras en momentos en que estábamos a tres años de copar la generación " recordó.
Pérez Balladares añadió que a excepción de España y Panamá, en ningún otro país se aplica el cargo por demanda a clientes residenciales, que actualmente aparece en los recibos de luz. Dijo que el ERSP, teniendo los mecanismos para prohibirlo, acepta su aplicación.
Referente a la propuesta de renacionalización de los servicios privatizados, Pérez Balladares desestimó la posibilidad, argumentando que "en términos reales", habría que ver de dónde salen los fondos para la compra de las acciones y el pago de la inversión que hizo el sector privado.
Se aplica un modelo de privatización diferente
A OTROS PAISES 49
En Panamá, el Estado es propietario del 49% de las acciones de dichas empresas y ha mantenido para sí la transmisión de energía. Esto se hizo sabiendo que no habría financiamiento para nuevas plantas generadoras.