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Sigue lío por bienes incautados

Florencio Gálvez F. | Crítica en Línea

Una controversia judicial por la liberación de varias personas sindicadas por supuestos delitos contra la salud pública tiende a complicarse, según pesquisas realizadas en fuentes confiables.

El tira y hala tiene varias facetas: una de ellas reside a nivel de la Corte Suprema de Justicia donde se han presentado cerca de cuatro recursos legales por este caso.

Por un lado, el fiscal Segundo de Drogas, Patricio Candanedo, presentó un amparo de garantías constitucionales y una queja disciplinaria contra los magistrados del Segundo Tribunal Superior de Justicia, Rolando Quesada Vallespi y Andrés Almendral, quienes anularon una resolución que echa por tierra unas investigaciones realizadas por la Fiscalía de Drogas contra unos presuntos traficantes de drogas ligados a la llamada "Operación Buenaventura".

De igual manera, los abogados Víctor Orobio y Aldo Ayala presentaron escritos de oposición contra la acción emprendida por el fiscal Segundo de Drogas, Patricio Candanedo.

A criterio de los juristas, el accionar del fiscal crea un conflicto al estado al plantear controversia entre poderes del Estado.

Trascendió que al magistrado Jorge Federico Lee le tocará decidir, pero es probable que la pelota caliente le toque a su suplente, un connotado magistrado suplente y profesor universitario.

La pelea judicial tiene todos los visos de prolongarse dada la estatura de los protagonistas.

En este caso hay algo extraño: hay una empresa pesquera ubicada en Chitré, que arroja mensualmente en ganancias aproximadamente 30 mil (dólares) que sumado al tiempo que sus dueños permanecieron presos, suman entre 300 a 400 mil balboas, dinero que no aparece registrado en el expediente, según los informes.

Todo esto porque el administrador judicial no ha rendido un solo informe, ni al juzgado ni a los abogados que tienen que ver con este proceso.

Este administrador fue designado por los fiscales Patricio Candanedo y Markel Iván Mora Bonilla, con jurisdicción en Panamá y Chitré, respectivamente, y se esperan denuncias penales contra estas personas.



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