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EDITORIAL
Desaparecidos
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia abrió la puerta para que se investiguen los crímenes de la dictadura militar que se creían prescritos. La decisión obliga ahora al Ministerio Público a investigar cerca de 110 casos documentados por la Comisión de la Verdad, en torno al asesinato o desaparición de personas, durante el período de 1968 a 1989.
La decisión judicial debe servir para dar un término a una etapa dolorosa para las familias panameñas, que vieron como sus parientes fueron eliminados por los militares que asaltaron el poder el 11 de octubre de 1968.
El tiempo ha pasado, pero las heridas permanecen abiertas. Las víctimas de la dictadura merecen justicia y que se castigue a los uniformados que cometieron esos crímenes. Justicia es lo único que se quiere ni más ni menos.
Los castrenses que se vieron involucrados en esas atrocidades deben de una vez confesar para descargar sus conciencias y cumplir su deuda con la sociedad.
Al mismo tiempo, hay que ser responsables y no involucrar el aspecto político en las investigaciones. Si bien es cierto que el fallo de la Corte surge, en pleno desarrollo de la campaña electoral, tantos fiscales como jueces, deben mantener su imparcialidad y no contaminar sus diligencias con el ingrediente político.
No hay que olvidar que la represión militar imperante en Panamá impidió desarrollar investigaciones sobre desapariciones forzadas y asesinatos de opositores. Ahora vivimos en democracia y lo menos que podemos hacer es resolver de una vez por todas esos casos.
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PUNTO CRITICO |
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