Mientras algunos de los destituidos por la Ley 25 de 1990, quieren llegar a un arreglo con el gobierno; otros insisten en que se mantenga la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de $ 60 millones de dólares para indemnizar a los afectados por esa ley.
Luego de que el ministro de Trabajo, Edwin Salamín anunciará que el gobierno estaba dispuestos a "tranzar" con los ex trabajadores en 20 millones de dólares, Rolando Miller, ex dirigente del INTEL, aseguró que una gran parte de los afectados está dispuesto llegar a un arreglo y dar este tema por cerrado.
