Miles de panameños que prestan servicios en el sector público y privado no conocen el popular arroz con porotos y carne en la hora del almuerzo.
Gran parte del presupuesto lo deben destinar a pagar por el servicio de autobuses, generalmente pésimo y costoso por la gran cantidad de cambios de rutas que deben realizar en el día, sobretodo si viven en San Miguelito, Panamá Este, Arraiján, Chorrera y Capira.
La economía del panameño está resentida y el modelo económico no ha logrado generar empleos bien remunerados para que los empleados, trabajadores o colaboradores como se les califica ahora reciban ingresos mensuales justos y adecuados.
Una sociedad que aspira a ser plenamente democrática no puede continuar con esta escalada de malos sueldos y condiciones laborales que no son propias del mundo globalizado.
La reciente culminación de negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos obligará al país a revisar sus normas y conductas laborales porque la producción de bienes y servicios no pueden estar vinculadas a ninguna forma de abuso u explotación.
Los que se refrigeran en oficinas del gobierno o del sector privado, aunque tengan la mejor formación universitaria, no atinan en las políticas que imponen para el país o en sus empresas porque no entienden como el pueblo enfrenta el día a día.
El arroz con porotos que se llevaba al trabajo en una "vasijita" es una vianda propia del pasado.
Ahora es la comida a crédito con un escuálido pedazo de carne, bastante arroz y una tímida miniestra.
Los que no tienen para pagar alimentos todos los días deben practicar el deporte nacional de la "garrocha" o acostumbrarse al "cuara y cuara", el popular pedazo de carne frita con mucho aceite y una porción no menos generosa de patacones.
Falta que las empresas incorporen sistemas de incentivos a través de alimentos, como ocurre en otros países aprovechando también una reciente legislación que regula la materia y que concerten con hipermercados y supermercados planes para abaratar el costo de la canasta básica entre sus empleados.
Si no existe una política a largo plazo de justicia social, ¿cómo aspiramos a convertirnos en país del primer mundo, si más de la mitad de los panameños, ni siquiera es ciudadano del tercer mundo?.
