La incorporación de medidas que refuerzan la protección a las víctimas de la violencia doméstica dentro del proyecto de Ley que modifica el Código Procesal Penal es un avance significativo en la lucha contra este flagelo, cuyo combate requiere del concurso de todas las instancias del Estado.
Así lo dio a conocer la ministra de Desarrollo Social (MIDES), María Roquebert León, quien expresó su complacencia por la decisión de la Comisión de Gobierno y Justicia de la Asamblea Nacional de incluir estas medidas en el proyecto que fue aprobado ayer, miércoles, en primer debate, y por pedir que el mismo sea discutido en segundo debate con urgencia notoria.
El Centro de Orientación y Atención Integral del MIDES recibió 295 casos en los tres primeros meses del 2008, de los cuales 235 corresponden a mujeres maltratadas.
Entre las nuevas medidas incluidas la ministra refirió el aumento de la aprehensión del agresor de 24 a 48 horas; determinar el uso del brazalete electrónico para que no se acerque a la víctima a menos de 200 metros, mientras dure el proceso; en el caso de que el presunto agresor o agresora realice actividades que impliquen el uso o manejo de armas, además de la suspensión del permiso para portar armas, se ordenará a su empleador o superior jerárquico su reubicación laboral, mientras dure el proceso.
