Conexiones eléctricas "brujas"

Eva María Gutiérrez
Panamá Oeste - EPASA

Conexiones eléctricas "brujas" en sus viviendas, que constituye peligro inminente para los niños y niñas, son algunos de los problemas que enfrentan 23 familias que invadieron hace ocho años una finca que comprende 1.8 hectáreas del terreno al que llaman Villa Azuero en Cerro Silvestre de Arraiján.

Dichas familias, pese a los esfuerzos hechos en las instituciones gubernamentales, aún no han podido adquirir su título de propiedad, pues el área invadida pertenece a tres propietarios: Reforma Agraria, Banco Hipotecario y al señor José De la Cruz.

No ha sido fácil para estas familias esta nueva vida en el distrito de Arraiján, pues seis familias ocupan lotes propiedad de De La Cruz Quiroz; 12 lo hacen en lotes del Banco Hipotecario y 11 ocupan áreas de Reforma Agraria, en todos los lotes actualmente hay viviendas, algunas de tablas y otras de bloques.

En medio de las adversidades, la gente se siente impotente, comenta una moradora, pues no tienen títulos de propiedad, no pueden construir casas de bloques, sin embargo, algunos construyen bajo su propio riesgo.

¿PORQUE GENTE EMIGRA A ESTE DISTRITO? Según Agustín De la Cruz, secretario de la asociación Villa Azuero, esto se da porque en el interior a los agricultores no se le brinda apoyo económico.

Otra de las razones es que en el interior, señala De la Cruz, terratenientes han adquirido gran parte de los terrenos para su beneficio personal, marginando a los agricultores.

De hecho, una de las razones fundamentales es que emigran a este distrito, porque está cercano a la ciudad capital, y "anhelan mejores condiciones de vida, para su familia".

Fue con esos ideales, cuando en 1991 un grupo de familias, lideradas por el señor Felipe Barba, invade la finca 468, donde grandes matorrales cubrían gran parte del sector, localizado en la parte lateral a la autopista de Arraiján - La Chorrera, y de acuerdo a De la Cruz, tenía 18 años de estar deshabitada.

Sin embargo, luego de investigaciones, funcionarios del Ministerio de Vivienda y dirigentes del sector se percataron que una parte del terreno pertenecía a la señora María De la Cruz Rojas, ya que lo había adquirido mediante un juicio de sucesión.

El secretario de la asociación señaló que De la Cruz no tenía conocimiento de dicha herencia, no fue sino cuando los funcionarios viajan a Penonomé y le comunican "la noticia".

En un principio estuvo de acuerdo con vender los terrenos a las familias, pero luego de conocer el terreno rehusó a vender porque el señor José de la Cruz Quiroz supuestamente le hizo una mejor propuesta de comprarle varias áreas de dicha finca a mejor precio.

Pero luego, el Gobierno en 1996 a través del MIVI, expropia los lotes para luego éste traspasar la venta, así se indica en la Gaceta Oficial del 11 de julio de 1996.

Sin embargo, el secretario de la asociación Villa Azuero explicó que pese a presentar los planos de la finca a la Reforma Agraria en vías de aprobación, dicha institución decidió aprobar a la señora Graciela Navarro, quien vive en la comunidad, pero no está asociada, los planos de los lotes número cinco y siete de dicha finca.

Lo inexplicable, advirtió el secretario de la asociación Villa Azuero, es cómo los funcionarios de Reforma Agraria estudiaron minuciosamente los planos de los dos lotes de Navarro, que incluye parte de los terrenos que le correspondían a familias de Villa de Azuero, y lo peor: la señora no trazó veredas.

Los moradores de Villa Azuero, a quienes el destino le ha colocado una serie de obstáculos, han puesto una contrademanda referente al caso, y esperan que Reforma Agraria falle en derecho y a favor de las familias organizadas.

Igualmente, solicitan una reunión con funcionarios del MIVI, a fin de que agilicen el traspaso del señor Quiroz a Reforma Agraria, posteriormente al Banco Hipotecario, para que así éste inicie la venta de los lotes a estas familias.

 

 

 

 

 

 







 

Dichas familias, pese a los esfuerzos hechos en las instituciones gubernamentales, aún no han podido adquirir su título de propiedad, pues el área invadida pertenece a tres propietarios: Reforma Agraria, Banco Hipotecario y al señor José De la Cruz.

 

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