El contrato de la consultoría de derechos humanos que fue revocado a la empresa Aguilar & Asociados R.S.L. de la Consultoría Internacional Multidisciplinaria, por parte de la Procuraduría de la Nación, era de solo 5 mil dólares, el 1.9 % del contrato que estaría a cargo de la secretaria ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo.
Al respecto, Maribel Jaén, de la organización Justicia y Paz perteneciente a la Alianza Ciudadana Pro Justicia, explicó que el organismo realiza consultorías de investigación para mantener fondos, y Castillo estaba trabajando en la Alianza solo a medio tiempo, y le fue solicitada su hoja de vida por parte de la Consultora.
Jaén dijo que lo "que preocupa es la campaña que se dirige a los líderes de la sociedad civil, con el fin de descalificar la posición histórica donde se cuestiona cuando se observan temas y situaciones que preocupan a la sociedad. Este tipo de campañas no favorecen al Gobierno para el desarrollo del país".
