Los análisis financieros de la ampliación del Canal de Panamá indican que los beneficios que obtendría el país, serían inferiores a los recursos que se invertirían en este proyecto.
Así lo dio a conocer el economista y miembro del Frente Panamá Soberana (FPS), Roberto Méndez.
Este punto es uno de los citados en su declaración pública, donde este grupo se opone claramente a la ampliación de esta vía interoceánica.
Las consecuencias negativas sociales y ambientales que traería, los pocos beneficiados si este proyecto no va integrado al desarrollo nacional y un problema de orden jurídico, son los otros puntos que cita el FPS para la no ampliación.
PUNTO FINANCIERO
La declaración establece que asumiendo un crecimiento intermedio del tránsito por el Canal este proyecto reduciría en cientos de millones anuales y por casi dos décadas, los beneficios netos para Panamá.
Luego de esos 15 ó 20 años, los beneficios que arrojaría la inversión no compensarían ni la enorme inversión, ni el endeudamiento adicional del país.
El FPS señala que si se usa parte de las reservas de la Caja de Seguro Social para financiar parcialmente el proyecto, que es otro objetivo no declarado del gobierno actual, podría agravarse la crisis del régimen de seguridad social debido a los riesgos de rentabilidad.
CONSECUENCIAS SOCIALES
El proyecto desplazaría a miles de familias de bajos ingresos en el norte de las provincias de Coclé y Colón, cuyas propiedades serían inundadas para suministrar el agua adicional requerida.
Y en este punto destacan que la negativa del gobierno de derogar la Ley 44 de 1999 es la mejor prueba de que dicha intención se mantiene en pie.
El primer impacto ambiental es la ya citada inundación de miles de hectáreas en Coclé y Colón. Además las tinas de reciclaje propuestas como abastecedor adicional de agua, podrán contaminar el lago Miraflores, que abastece el sector metropolitano.
POCOS BENEFICIADOS
Los principales beneficiarios del proyecto serían las constructoras, bancos, abogados ligados a navieras, así como las navieras y la marina norteamericana, que con las nuevas esclusas podrían trasladar sus barcos porta-contenedores y sus barcos de guerra de gran calado de un océano al otro.
El proyecto además generaría una cantidad aproximada de 6 mil empleos temporales directos, una parte significativa de los cuales serían acaparados por extranjeros y una cantidad similar de empleos directos.
En esta línea, el FPS considera que el pueblo panameño obtendría mayores beneficios, empleos, desarrollo y bienestar social a mediano y largo plazo mejorando e incorporando el Canal de Panamá a un plan de desarrollo nacional, que implique la inversión de sus excedentes de manera más racional, diversificada solidaria y productiva.
PROBLEMA JURIDICO
Méndez puntualizó que en la parte jurídica se presentan grandes vicios de ilegalidad e inconstitucionalidad porque es un proyecto que le corresponde exclusivamente al Estado y es propuesto sin embargo por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y no por alguno de sus poderes; legislativo, ejecutivo o judicial.
Humberto Ricord, quién también es miembro de el FPS, manifestó que para que la propuesta sea presentada por otra entidad como la ACP, el Tribunal Electoral lo va a reglamentar por virtud de un artículo que existe desde 2004 y que modificarán porque ya se hizo esa objeción de que esta entidad sólo tenía facultad para reglamentar un referéndum sobre un canal a nivel o un juego de esclusas.
ESTUDIOS
Por su parte, el administrador de la ACP, Alberto Alemán Zubieta, indicó que este proyecto es autofinanciable y que antes que culmine el primer semestre serán presentados los estudios al Ejecutivo.
"Se esta trabajando para que los panameños tengan a mano toda la información necesaria al momento de emitir su voto en el referéndum. Presentaremos una propuesta bien completa al pueblo", agregó.
ESTUDIOS DE LA COMISION TRIPARTITA: 7 MIL MILLONES DE BALBOAS
Los estudios de la Comisión Tripartita apuntan que el proyecto costaría por lo menos siete mil millones de balboas, lo que se invertiría durante un lapso de seis años, la mitad provendría de los excedentes del Canal y la otra de préstamos de bancos privados.