La orden de conducción de un exmandatario de la República es algo que no tiene precedentes en el período post invasión de la democracia panameña. La justicia debe cumplir su papel e investigar, pero siempre respetando las garantías de cualquiera persona, sin importar si ésta ostentó un alto cargo o es un descamisado.
Claro que siempre habrá un ingrediente político cuando la figura blanco de las pesquisas es un opositor al gobierno. El caso abierto contra el expresidente Ernesto Pérez Balladares es por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, de fondos provenientes de una concesión de máquinas tragamonedas otorgada hace 13 años por el gobierno del hoy investigado.
Para evitar que se argumente terrorismo judicial, como ya denuncia el opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), los investigadores deben ser respetuosos de los procedimientos legales al momento de adelantar las diligencias del caso.
Se trata de un caso donde se pueden argumentar aspectos jurídicos y morales, pero en el expediente lo que cuenta es lo primero; lo otro forma parte del candente debate que ya genera el tema.
La defensa sabrá actuar en su tiempo, pero cuando se es político hay que enfrentar las cosas de frente. Es cierto que cualquiera puede temer ante la posibilidad de un encarcelamiento, pero llega un momento en la vida donde los hombres no pueden sacarle el cuerpo a las cosas, y encarar lo que venga es la mejor opción.
