Los llamados busitos piratas que prestan el servicio de transporte colectivo entre las poblaciones de La Chorrera, Arraiján y Panamá, se han convertido en una alternativa viable y hasta obligante para los miles de pasajeros que a diario tienen que hacer el recorrido hacia sus centros de trabajo y viceversa, situados en la ciudad Capital.
Pero el estado, como ente regulador del sector, debe presentar una posición definitiva frente a la informalidad que está afectando el negocio del transporte colectivo tradicional, donde, quienes invierten, pagan impuestos y se someten a las leyes, llevan la peor parte frente a una competencia desleal.
Esta informalidad ha ido generando consigo otros problemas como la formación de paradas improvisadas a lo largo de la calle 25, en la Justo Arosemena y avenidas adyacentes, donde el usuario tiene que pasar penurias para abordar un transporte después de una jornada de trabajo diario.
Esta situación está generando una especie de "mercado negro del transporte colectivo" que va en aumento, donde quienes llevan la peor parte, como siempre son los usuarios.
La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, conocida por sus siglas como la ATTT, debe buscar alternativas al desorden que impera por las tardes en Calidonia, por el afán de lucro de un grupo de "transportistas" que han entrado al negocio aprovechando la demanda, pero sin planificación.
Los transportistas que deseen participar de esta actividad tienen que organizarse en una sociedad con personería jurídica, pagar sus impuestos y garantizar al usuario rutas seguras, regularidad en los horarios con puntos de salida y retorno, donde los usuarios no tengan que empujarse como ganado, y con tarifas que no sean objeto frecuente de especulación.
Desde ya hay que acabar con el relajo de los monos gordos que, basándose en los "contactos", comienzan a ver en este negocio una forma de monopolio y no un servicio decente al usuario.