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Partido gobernante abre polémica por interés reformar Carta Magna
Guatemala
ACAN - EFE
El partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), en el poder, ha abierto en las postrimerías del 2000 una polémica por su afán de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Carta Magna bajo el argumento de retomar los acuerdos de paz firmados en diciembre de 1996. El vicepresidente del Parlamento, Leonel Soto, sostiene que el interés de su partido de reformar la Constitución es para que los 10 tratados firmados entre el Gobierno y la entonces guerrilla no sigan siendo una utopía. Por su parte, el jefe del bloque parlamentario del FRG, Mario Rivera, ha explicado que su partido ya tiene definida en parte la agenda mínima de temas por los que se planteará la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para reformar la Constitución. Sin embargo, el secretario general del FRG, el general golpista José Efraín Ríos Montt, le ha corregido la plana y ha expresado que su organización, que tiene 63 de los 113 escaños en la Cámara Unicameral, no tiene nada firme y que el deseo de convocar a una Asamblea es, sencillamente, un sueño. "No hay una propuesta en firme ni se ha acordado o programado porque no la hemos visto como una necesidad sentida", aclara Ríos Montt, pero no descarta la posibilidad de que se convoque a una ANC en el 2002, para lo que es necesario contar con el voto de 75 legisladores. El polémico militar subraya que el proyecto de efectuar una Asamblea Constituyente no es un capricho de su partido si no una cuestión de elementos de juicio porque Guatemala debe actualizarse como nación. Dirigentes políticos de oposición rechazan desde ya la intención del FRG y advierten que el interés del partido gobernante es allanar el camino para que su líder pueda ser candidato presidencial. La Carta Magna vigente prohíbe a Rios Montt, actual presidente del Congreso, optar a la primera magistratura del país por haber participado en un golpe de Estado y haber gobernado de facto entre 1982 y 1983. La diputada opositora Anabella de León, disidente del ex gobernante Partido de Avanzada Nacional (PAN 1996-2000), advirtió hoy que el FRG "quiere pisotear la Constitución y abrir la puerta a Ríos Montt para ser presidenciable". En ese sentido, el ex presidente y actual diputado democristiano Vinicio Cerezo (1986-1991) acota que la reforma es necesaria porque las prohibiciones son cosas del pasado. Los "candados" para que el militar pueda ser candidato a la Presidencia y para que en Guatemala pueda haber una reelección, prohibida hasta ahora, están en los artículos 186 y 197 de la Carta Magna, respectivamente. El pasado 13 de diciembre, Ríos Montt descartó su eventual candidatura y reiteró su deseo de retirare anticipadamente del Parlamento, pero el Consejo Político de su partido se lo rechazó. "No habrá poder en la tierra que me convenza de ser candidato", "sería una estupidez hacer un artículo para que yo, dentro de tres años, fuera candidato.Es falta de seriedad", sostuvo el militar retirado de 75 años. Dirigentes políticos opositores han denunciando que el FRG quiere poner obstáculos a los futuros candidatos a presidente y vicepresidente, porque pretende que estos hayan sido antes diputados al Congreso. El secretario general del PAN, Leonel López, también denunció que con el propósito de conseguir los votos necesarios para convocar a una Asamblea Constituyente, el partido gobernante está ofreciendo dinero, privilegios, viajes y obras en sus distritos a diputados opositores. Mientras, la izquierdista Alianza Nueva Nación (ANN) a la que pertenece la ex guerrilla, ha expresado su cautela y según el ex comandante insurgente y actual diputado al Congreso, Ricardo Rosales, primero deben conocerse los puntos esenciales que se pretenden reformar. En mayo de 1999, los guatemaltecos rechazaron en una consulta popular hacer 50 modificaciones a la Carta Magna y varias de las propuestas habían surgido de los acuerdos de paz firmados entre el gobierno y la entonces guerrilla el 29 de diciembre de 1996. Durante el 2001, según analistas políticos y editorialistas guatemaltecos, se avizora una batalla legal para defender la Constitución.
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