La intención del legislativo de aprobar una ley que exija el etiquetado de los productos manufacturados extranjeros, en español no es nueva.
Diversas excusas han impedido que los diputados logren un consenso para aprobar esta ley, porque los comerciantes importadores alegan aumento en los costos y una subida inevitable de los precios.
Cuando ingerimos productos norteamericanos, europeos u asiáticos, realmente no sabemos qué lo que comemos, ni su verdadero valor nutritivo.
Los diarios de la semana pasada atribuyen a Iván Ríos una declaraciones que se pueden calificar de sorprendentes, porque recomiendan a los consumidores que por ser Panamá "un país bilingüe" quien no maneje el inglés, que no compre entonces el producto sin etiquetas en castellano.
Ríos le hace un flaco favor al gremio que representa por que no parece estar interesado por el bienestar de los consumidores, que son al fin y la cabo la razón de los comerciantes de víveres y de los importadores.
Ríos acusa a industriales locales y a fuerzas oscuras que no identificó que "querer joder el mercado" como si una etiqueta en español fuera el sinónimo de una epidemia de gripe aviar, las vacas locas o las consecuencias fatales de una bomba atómica.
Ríos debería recordar lo incómodo que fue para el administrador del Canal, Alberto Alemán haber recomendado leer los estudios sobre la ampliación en inglés y lo que le costó a la Autoridad del Canal (ACP), traducirlos al idioma español, el que saben todos los panameños.
Los consumidores tienen su forma de pensar y están convencidos que con globalización o no, tienen el derecho a saber lo que se comen o al menos lo que compran.
Si los juegos electrónicos, autos y los productos del hogar traen sus etiquetas y manuales de funcionamiento en varios idiomas, ¿ por qué la resistencia en el sector de los alimentos?
¿Acaso los panameños que no leen o hablan inglés, que son la mayoría, son ciudadanos de segunda sin derechos?
