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Las fuerzas productivas que generan la riqueza en este país, siempre han clamado ante la necesidad urgente de modernizar la maquinaria del Estado, administrada cada cinco años por un gobierno diferente, lo que produce un trauma al momento que nuevos personeros oficiales asumen sus responsabilidades y otros abandonan el barco estatal, dejando atrás, en no pocas ocasiones, cuentas no muy claras.
El anteproyecto de ley presentado por el legislador José Luis Fábrega, que busca indemnizar a los servidores públicos sustituidos o cesados en sus funciones injustificadamente, sería un paso inicial para poner orden dentro de la cosa pública, ya que nadie se explica con qué moral los gobiernos pretenden hacer cumplir leyes laborales al sector privado, cuando la administración pública navega en un mar de insuficiencias en materia de normas y regulaciones al trabajo de los empleados.
Una legislación de esa naturaleza buscaría poner fin al método arbitrario con que los políticos locales han venido administrando las planillas y los puestos de trabajo en las tres ramas del Estado panameño, comenzando por los altos niveles del árbol burocrático estatal.
Si analizamos la colcha de retazos e inconsistencia en que se ha convertido la Ley de Carrera Administrativa, veremos que este instrumento regulador de la conducta del empleado público tiene que sufrir cambios profundos. No sólo hay que darle al trabajador gubernamental responsabilidades, sino también hacerlas cumplir. |
