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El Pleno de la Asamblea Legislativa aprobó anoche, en tercer debate, el proyecto de ley que endurece las penas para sancionar delitos financieros que comprometan la confianza pública en el sistema bancario, los servicios financieros y en mercado de colocación de los valores negociables de la República de Panamá.
Este proyecto fue propuesto por el Procurador de la Nación, José Antonio Sossa, y su objetivo, al tipificar los delitos financieros, es crear las disposiciones sustanciales penales que permitan disuadir y reprimir hechos que comprometan la estabilidad financiera del sistema bancario panameño.
Las recientes quiebras sospechosas de los grupos financieros Fotokina, ADELAG, Estrella Mar y Banaico, motivaron al Pleno legislativo a aprobar el mencionado proyecto.
El documento señala sanciones de cárcel de cinco a diez de prisión para quien destruya, oculte o falsifique los libros o registros de contabilidad, la información financiera o las anotaciones en cuentas de custodia de un emisor registrado en la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Igualmente se sanciona de dos a siete años de prisión al trabajador o directivo administrativo de una empresa que mediante utilización de tecnología u otras maniobras fraudulentas, se apodere, haga transferencias ilícitas de dinero, valores, bienes y otros recursos financieros de una entidad bancaria, empresa o financiera.
Dentro de las adiciones que plantea el Procurador Sossa al Código Penal se plantea la no prescripción de la acción penal, ni de la pena en los casos de delitos contra la fe y contra la administración pública o delitos patrimoniales contra cualquier entidad. |
