Los menores de edad siguen en el ambiente noticioso, pero no por lo bien portados, si no por traviesos.
Muchas personas sostienen que es indispensable aumentar las penas, pero otros profesionales en especial aquellos que se agitan en las ciencias jurídicas, sostienen lo contrario.
Uno de ellos es el jurista Rafael Collins, un penalista de larga trayectoria a nivel local.
A criterio del letrado, una cosa es la pena y otra son las medidas cautelares "que se le pueden aplicar a los menores, una vez se inicia cualquier proceso o investigación o inclusive, como consecuencia de la declaratoria de culpabilidad, que el Estado puede tomar a través de sus autoridades, para impedir que estos menores infractores sigan causándose daños ellos mismos y a la sociedad", indicó el letrado.
"En este caso la pena no es más que un castigo, una sanción que le imponen las autoridades legítimamente constituidas, a los infractores de las disposiciones jurídicas previo al cumplimiento de un proceso, mientras que las medidas cautelares son aquellas que adopta la autoridad dentro del proceso con la finalidad de evitar que la decisión no se cumpla, o como en el caso que nos ocupa, medidas que tiendan a la protección o seguridad de los menores involucrados, como son tutelares, protectoras o educativas", expresó Collins.
De conformidad con el artículo 91 de la Carta Magna, el Estado "tiene la obligación de participar, con los padres de familia en la educación de sus hijos".
"Pero los hechos que a diario ocurren y que son denunciados, por todos y cada uno de los miembros de nuestra sociedad, nos demuestran que no se está cumpliendo en el caso de los menores infractores, a pesar de la existencia de normas y medidas cautelares instituidas para evitar que estos jóvenes sigan haciendo lo que les da la gana, como es el caso de las medidas señaladas", precisó el penalista.
Las autoridades no aplican estas medidas, por diversas razones como por ejemplo: falta de presupuesto, falta de infraestructura y personal calificado para cumplir con el objetivo principal que es impedir que estos adolescentes estén en situación de riesgo y afecten el resto de la sociedad.
Por qué esperar que los menores "cometan actos delictivos para proceder entonces, a tomar medidas correctivas como: enjuiciarlos, condenarlos y recluirlos en centros de detención que son un premio a la delincuencia, a pesar de que los mismos demuestran, con suficiente antelación, problemas de conducta que evidencian cuál ha de ser el final, si las autoridades no intervienen a tiempo para rescatarlos e insertarlos como personas de bien al seno de la sociedad, o por lo menos hacer el intento para que cuando se le imponga la pena, este joven, sepa que se le dio una oportunidad", manifestó el abogado Rafael Collins.
"La única forma que se minimice o disminuya la delincuencia infantil es que el Estado asuma en compañía de los padres, la custodia y educación de estos menores en riesgo social, creando las infraestructuras educativas y sociales necesarias en cada provincia, tipo Chapala, o granjas escolares, donde pueden ser internados estos menores para lograr su resocialización", indicó el jurista.
Por su parte, el letrado Aldo Ayala sostiene que el problemas es mucho más complejo de lo que se piensa, pues a nivel del mismo intervienen factores sociales y económicos, al igual que hogareños que inciden en el comportamiento posterior de los adolescentes cuando éstos van creciendo.
Si el ambiente del hogar es inadecuado, con malos ejemplos es lógico que los jóvenes crezcan en esos malos pasos y decidan salir a las calles, enredarse con pandillas y cometer actos delictivos.
