La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia admitió la demanda contra el Estado panameño, interpuesta por David Ramírez, del Movimiento 23 de Octubre, en concepto de daños y perjuicios materiales por la muerte de su hijo en el bus 8B-06.
El magistrado Víctor Benavides ordenó la práctica de pruebas y ha citado para que rindan testimonio a partir del próximo 7 de diciembre, ex directivos y ex funcionarios del Banco Nacional de Panamá en la administración gubernamental de Mireya Moscoso, que incluyen a Galileo Ferrabone, Carmela Stanziola, Bolívar Pariente y Roberto Barragán.
También tendrá que declarar Adolfo Icaza García de Paredes, gerente de la empresa F. Icaza y Cía. S.A., señala el edicto de la Sala Tercera.
El listado incluye a Dido Sánchez González, José Luis Castillo López, Luis Henríquez, Alcibiades Mayta, Edgardo Carles, Elena Bernal, Leticia Alvarez.
Los sobrevivientes del incendio en el bus 8B-06, Lidia Atencio y Luis Contreras, y Marisol Jiménez, deben rendir declaración el 14 de diciembre próximo.
La Sala solicitó la práctica de un informe pericial psiquiátrico.
Los sobrevivientes y familiares de la tragedia ocurrida en La Cresta el 23 de octubre de 2006, en el autobús donde fallecieron 18 personas, han realizado varias protestas en la Corte Suprema de Justicia.
En sus manifestaciones piden la celeridad de la justicia ante la Corte, debido a más de una decena de demandas contra la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.
El Movimiento 23 de Octubre solicitó al arzobispo de Panamá, José Dimas Cedeño, su mediación para buscar una alternativa para obtener del Estado una indemnización.
