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Persisten las polémicas entre guardavidas y algunas entidades de seguridad pública. |
El verano está por llegar y con ello el permanente peligro en las playas, ríos y balnearios del país ante la falta de profesionales capacitados en salvamento acuático.
En la Asamblea Nacional se discute un proyecto de ley que busca establecer controles técnicos y académicos para quienes deben cuidar la vida de miles de bañistas cada año.
El presidente de la Asociación de Guardavidas de Panamá, Nelson Lara, sostuvo que en los últimos cinco años el promedio anual de muertes por ahogamiento es de 128 personas.
Lara es un fuerte crítico de los procedimientos que actualmente utiliza el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) al decretar operativos de salvamento en playas y ríos, por el hecho que las coberturas son deficientes.
Indicó que anualmente constituye una preocupación real que el SINAPROC y la Cruz Roja se responsabilizan por la cobertura de algunas playas como Isla Grande, Gorgona, Las Lajas, Santa Clara, El Palmar, San Carlos y Veracruz; solamente los domingo y en época de verano.
“Es hora que el salvamento acuático sea reglamentado y que nuestras aguas estén custodiadas por personas capacitadas y adecuadamente equipadas”, señaló el salvavidas.
Destacó que en la ciudad de Panamá hay establecidos cerca de 70 hoteles, de los cuales 35 tiene piscinas y sólo unas 8 tienen salvavidas contratados.
Un salvavidas entrenado devenga entre B/.250 y B/.450 en concepto de salario mensual
El presidente de los salvavidas sostuvo que históricamente se han registrado muertes por ahogamiento en sitios donde SINAPROC y Cruz Roja decretan operativos de vigilancia.
A criterio de Lara, esta situación se debe a que el personal asignado no es el más capacitado para las labores de salvamento.
El proyecto de ley N°101 respaldado por los diputados Vladimir Herrera del MOLIRENA y Carlos Cleghorn del Panameñismo, tiene la finalidad de reconocer el ejercicio de la profesión de salvamento acuático.
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