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Los asentamientos campesinos en áreas rurales en la provincia de Chiriquí, se constituyen en un grave problema que ha provocado inclusive grandes enfrentamientos, puesto que sus propietarios quienes han cultivado las tierras por años, no cuentan con la legalización ni los títulos de propiedad que los señalen como dueños de estas.
Para establecer un control y lograr que esos terrenos sean cancelados en su totalidad y así otorgar los documentos que permitan que los residentes de esos lugares cuenten con algo legal para sustentarla, el director regional del banco Desarrollo Agropecuario, Benjamin Santiago, indicó que se han inciado las inspecciones para crear la ley que dará legitimidad a esa situación.
Indicó que para ello se ha iniciado con la etapa preliminar que es la inspección, de cada una de las áreas en conflicto sobretodo en el distrito del Barú y oriente que es donde más predominan esas situaciones.
Dijo que luego de que se realicen los tramites de inspección y estudio que se están realizando en estos momentos se puede decir que este será una solución definitiva a esa problemática que ha perjudicado por tantos años y resulta tan importante poderlo solucionar.
Santiago dijo que eso va a ayudar a muchos productores los cuales a pesar de que trabajaban las tierras muchas veces no podían accesar a los beneficios que brindan las instituciones de gobierno pues no contaban con un documento legal que los acreditara como propietarios de las tierras y eso se constituía en un impedimento para ellos.
Expresó que el propósito esencial de la ley es poder legalizar a través de la compra de los terrenos, cuyo valor y extensión dependerá de la evaluación que realicen los funcionarios de la contraloría general, hacienda y tesoro, y otras instituciones que se encuentran colaborando.
Manifestó que lo importante es analizar en que condiciones están y como se están utilizando las tierras que fueron cedidas a través de los asentamientos campesinos, para establecer una solución justa y equitativa, para cada uno de los casos. |
