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OCUPAN TERRENOS DESDE HACE 30 AñOS
Moradores de Barriada Don Bosco temen desalojo
Juan B Madrid
Veraguas - EPASA
Mientras los niños residentes en Barrida Don Bosco juegan inocentemente por las callejuelas del populoso sector de la ciudad de Santiago, sus padres con la mente confundida de tanta preocupación le piden a la presidenta Mireya Moscoso un especial regalo de Navidad, que les devuelva la tranquilidad que un numeroso número de familias han perdido. Y la han perdido ante la amenaza de ser desalojados de los terrenos que ocupan desde hace más de 30 años, como cuentan los más viejos pobladores de esta parte de la ciudad, quienes ante su vejez son quizás los más preocupados por no tener la fortaleza física para poder sacar adelante a su familia si se les bota del lugar. Según datos suministrados por Luis Alvarez, presidente del Comité de Tierras de Don Bosco, y uno de los más antiguos pobladores de esta barriada, el problema tiene varios episodios, en los cuales han estado vinculadas la comunidad y las hermanas Inés y María Amador. A través de cerca de cuatro décadas, ambos protagonistas han escenificado una serie de batallas legales por la propiedad de las tierras, que ambos reclaman como legítimos dueños. Por parte de la familia se reclaman las mismas como parte del patrimonio familiar, mientras que los lugareños interpusieron desde aquellos años un juicio por prescripción adquisitiva bajo dominio, para que se les legalizara su condición, al ocupar estos terrenos durante un largo período de tiempo. Inicialmente fue la firma de abogados Asociación Chang, la que estuvo representando los intereses de la familia Amador, sin embargo el señor Álvarez destaca que lo hizo en un corto periodo de tiempo. Con el transcurrir de los años la población se fue incrementando, y las humildes personas de este lugar recibieron el apoyo de instituciones de gobierno como es el caso del entonces llamado Instituto de Vivienda y Urbanística (IVU), con lo cual fueron construyendo mejores viviendas. Pasaron los años, agrega el abuelo, y en nuevos intentos de las hermanas Amador por expulsarlos de las tierras, es que entra en escena al abogado Justiniano Cárdenas quien acoge el caso y arma otra estrategia para tratar de desalojar todo lo que hoy día es Barrida Don Bosco sector 2, en el cual viven más de 500 personas, entre las que se encuentran ancianos y niños. En 1991 el problema vuelve a alcanzar niveles alarmantes, cuando una vez más la familia antes mencionada, representada por el abogado Cárdenas, inicia una pelea ante los tribunales de justicia para lograr la posesión de los terrenos. Según Alvarez, el resultado de las acciones legales no fue favorable a la familia, y es producto de este fracaso que el abogado Cárdenas queda como supuesto propietario de las tierras, pues le fueron ofrecidas en pago de sus honorarios en el proceso antes mencionado. Luego de estos acontecimientos, agregó la fuente, el 26 de septiembre del presente año Cárdenas, les comunica a los moradores del lugar una orden de lanzamiento, con lo cual comienza una carrera contra el tiempo para tratar de solucionar de una vez por todas el asunto. Es luego de esta notificación que se dan una serie de movilizaciones, tales como marchas, protestas a las orillas de los desfiles, y otras acciones encaminadas a llamar la atención de las autoridades regionales y nacionales, para que comprendan que el asunto no puede esperar más, pues está en juego el destino de tantas personas. Y es producto de todas estas acciones que ya cuentan con la atención de las más altas autoridades de la región como el gobernador Mario Forero, el alcalde y representante de Santiago Plinio Donoso y Gonzalo Adames, representantes del clero, y el legislador del circuito 9-1 Ruben De León, quienes recientemente se reunieron con los afectados para buscar las fórmulas que permitan una salida al problema. Para Maximina Cisneros, la salida más cuerda sería que el gobierno le expropie al abogado y le cede o done las tierras a los moradores de la barriada, puesto que los procesos adquisitivos son muy largos y ya las personas no pueden más con las presiones a las cuales son sometidos, aparte de que se debe tomar en cuenta que son quienes les han dado el valor que la misma tiene, pues son los que han hecho las mejoras que poseen en estos momentos. Por ahora existe también el compromiso de parte de las autoridades locales de elevar el asunto a instancias nacionales, de tal manera que se pueda brindar una respuesta, que según el gobernador Forero debe venir, pero no se puede precisar en qué lapso. Sin embargo la amenaza es latente, ya existe, por parte de la parte reclamante, una petición a la empresa telefónica Cable & Wireless para que les suspenda el servicio, y según los entendidos igual solicitud debe existir ante la Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste (EDEMET) y ante el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN).
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