Naciones Unidas condena nuevas masacres
y pide acuerdos humanitarios
Bogotá
AFP
La delegada en Colombia de
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, la española Almudena Mazarrasa, condenó el martes
las últimas acciones de los grupos ilegalmente armados y demandó
con urgencia acuerdos humanitarios.
"La oficina del Alto Comisionado y la sociedad colombiana vienen
siendo testigos del incremento de la violencia indiscriminada e irracional
de los actores armados, cobrando un número cada vez mayor de víctimas,
entre las cuales hay un gran número de niños", indicó
en un comunicado oficial.
La declaración se conoció dos días después
de que presuntos miembros de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC) asesinaran a por lo menos 21 personas en dos localidades de noroeste
y el norte del país, tras acusarlos de colaborar con las guerrillas
izquierdistas.
Mazarrasa hizo un urgente llamado a los actores armados para que "intenten
acuerdos humanitarios o acciones unilaterales de buena voluntad que favorezcan
el diálogo y el entendimiento necesarios (para) iniciar conversaciones
de paz".
El pasado 28 de octubre, guerrilleros del Ejército de Liberación
Nacional (ELN, guevarista) dinamitaron un oleoducto del noroeste del país
tras lo cual se desató una voraz conflagración que cobró
la vida de 67 personas, entre ellos varios niños.
Por su parte, la directora de Amnistía Internacional para América
Latina, Susan Lee, de visita en Colombia, pidió el martes al gobierno
crear un bloque de búsqueda que combata a los grupos armados que
atentan contra la población civil y criticó a la fuerza pública
por su "indiferencia" frente a estos hechos.
"Hemos escuchado de ataques contra la población civil en
el área y la fuerza pública no ha hecho absolutamente nada
para contrarrestar esos grupos y tampoco para poteger a la pobalción
civil", dijo Lee al término de una reunión con el vicepresidente
Gustavo Bell, responsable de la política de Derechos Humanos.
Lee se refirió a la propuesta de las rebeldes Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC, marxitas), comprometidas en un proceso
de paz con el gobierno del presidente, Andrés Pastrana, que pretenden
canjear 245 militares en su poder por 452 de sus militantes actualmente
en prisión.
La delegada advirtió que existen delitos de lesa humanidad que
no son amnistiables según los convenios internacionales, en los que
Colombia se ha comprometido.
"Esperamos a que el gobierno asegure que no habrá amnistías
de facto ni de hecho para este tipo de delitos", puntualizó.
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