En México acaba de concluir una reunión con la participación de representantes de 16 países de América Latina y el Caribe donde se analizó el problema del narcotráfico y se analizó la posibilidad de utilizar parte de los recursos incautados a los carteles de la droga para fortalecer a las instituciones represoras de ese delito.
La reunión contó con la participación de un delegado del Ministerio de Gobierno de Panamá. Ya en Panamá se utilizan parte de los fondos decomisado a los narcos en la prevención y tratamiento de los adictos, pero la propuesta surgida en México va más allá, porque sugiere que esos recursos deben ser destinados también a "labores de investigación, seguridad y procuración de justicia".
Lo cierto es que las organizaciones criminales tienen excedentes de recursos con los cuales adquieren toda clase de tecnología, medios de transporte para mover la cocaína de un país a otros, pagan sicarios y sobornan funcionarios.
En la mayoría de los países, incluidos Panamá, se logran incautaciones de toneladas de drogas, pero se falla en la detección del dinero producto de esas operaciones ilegales y cuando se incauta algún efectivo, el proceso es largo y tarda años para su conclusión.
El destinar algo de ese efectivo a las operaciones antidrogas podrá reducir esa gran brecha de recursos que hay entre las fuerzas represoras del delito y las mafias del narcotráfico.
Aparte de eso, la lucha antidrogas requiere acciones coordinadas para reducir producción y demanda, así como un contante flujo de intercambio de información para detectar la exportación de insumos que son utilizados para la fabricación de drogas. Panamá por ser país de tránsito y vecino de una nación productora de drogas, debe estar atenta a estos acuerdos.