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CENTROAMERICA
Tres semanas después tragedia autoridades aun buscan responsables
San Salvador
ACAN-EFE
Las autoridades judiciales salvadoreñas no han determinado aún las responsabilidades por la intoxicación masiva con licor adulterado que ha dejado al menos 123 muertos en las últimas tres semanas. Una fuente de la Fiscalía General de la República (FGR) dijo a ACAN-EFE que las investigaciones para determinar las responsabilidades de la intoxicación masiva con aguardiente detectada el pasado 2 de octubre, "aún no arroja resultados concretos", pero que continuarán hasta encontrar a los responsables. No obstante, la Fiscalía ha responsabilizado en primera instancia al Estado porque aparentemente no ha ejercido un control estricto del ingreso al país del alcohol metílico, que es altamente tóxico, cuyos restos fueron encontrados en todos los cadáveres reconocidos. Los primeros pasos legales para encontrar a los responsables de la masiva intoxicación, de la cual menos de un centenar de personas han sobrevivido pero padecerán de por vida ceguera y otros problemas de salud permanentes, fue decomisar centenares de cajas que contenían los licores adulterados con alcohol metílico. Pocas horas después de conocerse los primeros fallecimientos por la intoxicación, la Fiscalía allanó una fábrica registrada como Licorera Central, situada en las afueras de San Salvador, pero no realizó ninguna detención debido a que los propietarios no se encontraban dentro de la planta. Días después la fábrica fue cerrada y los empleados despedidos sin que se les pagaran indemnizaciones, mientras que el paradero de los propietarios no ha sido establecido por las autoridades judiciales. La Licorera Central produce el aguardiente que es embotellado bajo las marcas "Súper Trueno", "Bombazo" y "Trueno", el cual tras ser ingerido, incluso en cantidades mínimas, causa la muerte en cuestión de horas. También se investiga otra empresa ligada a la anterior, Químicas Aliadas, las cuales son propiedad de una persona identificada como Alberto Ramírez Smith, a quien se le atribuyó un vínculo familiar con el vicepresidente de la República, Carlos Quintanilla Schmidt. No obstante, el mismo funcionario se encargó de desmentir esa versión e indicó a periodistas que el origen del apellido Smith, del comerciante investigado, es de origen estadounidense, y el suyo es procedente de Alemania. Al menos 123 personas han fallecido en las últimas tres semanas, según la Fiscalía, la totalidad de ellas eran alcohólicos habituales que adquirieron el licor en cantinas clandestinas y también en algunas que poseen registros oficiales. El jefe de la oficina regional de la FGR en la ciudad central de San Vicente, Juan Carlos Fuentes Real, ha responsabilizado a los ministerios de Salud Pública y del Medio Ambiente porque no han hecho prevalecer los controles sanitarios adecuados que hubieran evitado la tragedia. "A través de sus distintos organismos, el Estado es quien tiene la obligación legal y la posición de garantizar y controlar esa actividad" de embotellar el aguardiente, indicó Fuentes Real a un periódico local. El abogado indicó que el artículo primero de la Ley Reguladora de la Producción y Comercialización de Alcohol y Bebidas Alcohólicas, expresa que "la producción, elaboración y venta de alcohol etílico o industrial (metílico), será regulado por el ministerio de Salud Pública". Pero fuentes del ministerio de Salud han señalado que le ley mencionada adolece de "vacíos" y ha responsabilizado al ministerio del Medio Ambiente de no vigilar la entrada del alcohol metílico al país. El artículo 57 de la Ley de Medio Ambiente ordena al ministerio del Medio Ambiente ejercer una estricta vigilancia para evitar el ingreso al país de "sustancias peligrosas". El pasado 11 de octubre, la Asamblea Legislativa emitió un decreto para prohibir la venta, durante diez días, de aguardiente en cantinas, tiendas al detalle y farmacias con el propósito de determinar las fuentes de donde provenía el alcohol envenenado. Tras concluir el plazo de la restricción el sábado, si bien las autoridades aún no disponen de órdenes de captura para los responsables de haber introducido el alcohol metílico en las bebidas, al menos las muertes han disminuido considerablemente. Mientras, el procurador General de la República, Miguel Angel Cardoza, dijo que la institución ha comenzado a recibir denuncias de los familiares de las víctimas de la intoxicación para que las personas o empresas responsables les indemnicen. La próxima semana, explicó Cardoza, la procuraduría evaluará el curso que dará a las denuncias.
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