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Constituyente
 El método adecuado para darnos una nueva
y democrática Constitución es el de la Asamblea Nacional Constituyente.
Carlos Guevara Mann
La semana pasada insistí
en la necesidad de un cambio y hoy quisiera discurrir acerca del primero
que tenemos que exigir: el cambio de Constitución.
A pesar de los parches que se le han puesto, la Constitución militarista
de 1972 todavía deja mucho que desear, y hay que reemplazarla por
una Carta Fundamental, de corte auténticamente democrático,
si es que queremos empezar a consolidar la democracia en nuestro país.
Con la Constitución que tenemos, nunca arraigará la democracia
en nuestro suelo y le será imposible al Estado garantizar la justicia
social y el desarrollo humano sostenible, objetivos del Estado moderno.
El método adecuado para darnos una nueva y democrática
Constitución es el de la Asamblea Nacional Constituyente.
La nueva Constitución que necesitamos NO puede ser producto de
componendas en la actual Asamblea, porque esta Asamblea NO es representativa
de la sociedad panameña.
Tenemos, entonces, que exigir que a la actual Constitución se
incorpore una cláusula que permita la convocatoria de una Constituyente.
En este sentido, el legislador Alberto Cigarruista presentó en
la Asamblea Legislativa un anteproyecto que modifica el artículo
308 de la Constitución, para permitir la reforma de ese texto por
medio de una Asamblea Nacional Constituyente Paralela (sic), cuyas funciones
exclusivas sea (sic) reformar la Constitución Nacional.
Pienso que este anteproyecto reacciona, de alguna manera, a la clara
necesidad que tenemos de convocar una Constituyente, verdaderamente representativa
del pueblo panameño, para redactar una nueva Constitución.
La actual Asamblea Legislativa, como la que se elegirá en mayo
de 1999, debe reconocer e incorporar a la Constitución vigente esta
fórmula con el fin de allanar el camino para la convocatoria futura
de una Convención Constituyente sin peligro de producir una ruptura
del orden institucional que a nadie conviene, como lo señaló
el Hoy por hoy de La Prensa, el 23 de septiembre pasado.
La propuesta de Cigarruista, sin embargo, tiene imperfecciones notorias.
En primer lugar, reitera que la iniciativa para proponer reformas constitucionales
la tienen la Asamblea Legislativa, el Consejo de Gabinete y la Corte Suprema
de Justicia.
Una propuesta verdaderamente democrática también le reconocerá
esta iniciativa a la ciudadanía en general, de forma tal que, sí
hay una fuerte corriente ciudadana que desea una reforma, pero los poderes
del Estado se oponen, pueda convocarse a una Constituyente a través
de un memorial suscrito por un número determinado de ciudadanos.
En segundo lugar, como lo señaló un apreciado jurista,
la constituyente no es una figura geométrica para proponer paralelas.
Hecha la salvedad de que la Constituyente se reunirá exclusivamente
para reformar la Constitución, no hay para qué insertar aquello
de paralela.
Esta salvedad responde al temor de las cúpulas partidistas de
que una Asamblea Nacional Constituyente se arrogue plenos poderes e intente
alterar el rumbo del Estado, como lo intentó la Convención
de 1945, que en 1948 se autodenominó Reconstituyente.
Aún cuando en teoría es un contrasentido que se le impongan
límites al poder constituyente, se entiende que en Panamá
haya inclinación por este tipo de limitaciones, en vista de la experiencia
de 1945-1948 y la renuencia de los sectores políticos a permitir
la convocatoria de una Constituyente de poderes ilimitados.
Corregida la propuesta de acuerdo con lo aquí señalado
y aprobada por esta Asamblea y la que se elegirá en mayo próximo,
de lo que tenemos que asegurarnos muy cuidadosamente es de la redacción
de la Ley que convoque a las elecciones para la Constituyente, de forma
tal que el proceso electoral garantice que TODOS los sectores nacionales
puedan participar en la elección, no sólo como electores,
sino también como candidatos, y de que la Constituyente que se elija
sea verdaderamente representativa del pueblo panameño, no únicamente
de las cúpulas de los partidos políticos.
En pocas palabras, esa Ley tendrá que permitir candidaturas independientes
y contemplar la representación de la ciudadanía a través
de diputados nacionales y provinciales.
Pongámosle atención al tema de la Constituyente, porque
de ello depende nuestro futuro como Estado democrático.
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