La supuesta violación del debido proceso en el trámite de presentación de la solicitud de levantamiento de la inmunidad parlamentaria contra 14 legisladores, fue el argumento jurídico utilizado por los comisionados de Credenciales de la Asamblea Legislativa para ordenar el archivo definitivo de las denuncias.
Benicio Robinson, presidente de Credenciales, aseguró que el fiscal electoral, Gerardo Solís, se extralimitó en sus funciones al solicitar al Organo Legislativo el levantamiento de la inmunidad parlamentaria.
El perredista manifestó que solamente el Procurador General de la Nación tiene la potestad constitucional para solicitar al pleno legislativo el levantamiento de la inmunidad contra los legisladores de la República.
Los denunciados eran Franz Wever, Leopoldo Benedetti, Pacífico Escalona, Mayra Zúñiga, Juan Manuel Peralta, Juan Alvarado, Rogelio Alba, Rubén De León, Osman Gómez, Olmedo Carreño, Tomás Gabriel Duque, Susana Richa de Torrijos, Horacio Rodríguez y Francisco Alemán. El pleno de la Asamblea tiene la decisión final.
