La Defensoría del Pueblo abogó por iniciar una investigación penal y civil por la "omisión estatal" en que incurrieron la Autoridad Nacional del Ambiente, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda, la Dirección de Obras, el Ministerio de Salud y la Dirección de Construcción Municipales, la Promotora Nacional de Vivienda S.A y el Banco Nacional para que se tomen las sanciones y resarcimientos, a raíz de las inundaciones del 17 de septiembre que cobraron la vida de 16 personas.
La Defensoría del Pueblo desarrolló su informe a fin de demostrar la responsabilidad estatal. El documento concluyó que existen suficientes elementos para determinar que existe "una grave omisión en el ejercicio de deberes y obligaciones en la aprobación y fiscalización de la construcción del Proyecto Urbanístico Prados del Este".
