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Congreso dice no a estado de calamidad
Agencias
Internacionales
Un no al Ejecutivo dio el Congreso, luego de que por unanimidad los diputados improbaron de urgencia nacional el estado de calamidad decretado por el presidente, Alfonso Portillo, el 5 de este mes. Con ello se pone fin a la potestad que algunos ministerios y secretarías, amparados en la calamidad, tenían de realizar compras superiores a Q900 mil sin atender lo dispuesto en la Ley de Compras y Contrataciones del Estado. "Apoyamos la improbación del decreto que declara la calamidad, porque al no existir un manejo adecuado de los recursos, propicia el despilfarro", dijo el unionista Pablo Duarte. Esa opinión fue compartida por el diputado Jorge Rosales, del Partido de Avanzada Nacional, PAN, quien culpó al Gobierno de que el Congreso haya dicho no a la calamidad. "Sabemos que hay gente con necesidad, como adujo el presidente, Alfonso Portillo, pero no podemos permitir que se gaste sin control el dinero del pueblo", adujo Rosales. La sesión se caracterizó porque no se produjeron discusiones que causaran polémica entre las diferentes bancadas; por el contrario, apenas duró unos 20 minutos. Ello porque, además de que la semana anterior los jefes de bloque habían acordado que no aprobarían el estado de calamidad, el diputado panista Víctor Ramírez denunció que, según la Constitución, el decreto emitido por el Ejecutivo debió ser conocido tres días después de su publicación -14 octubre-. Tal denuncia ameritó que el FRG, adelantándose a posibles críticas, decidiera plantear una iniciativa de ley para improbar de urgencia nacional lo actuado por el Ejecutivo. Aunque se tomó la determinación por unanimidad, el acuerdo entrará en vigencia el día de su publicación en el diario oficial; mientras eso ocurre, el Ejecutivo podrá seguir haciendo compras sin mayor control. Para el diputado Otoniel Fernández, de la Alianza Nueva Nación, ANN, es importante que se revisen las leyes orgánicas del Ejecutivo y Legislativo, para que no se sigan cometiendo estos abusos y se establezcan mecanismos de control efectivos. Según el presidente Portillo, la calamidad -improbada- se hacía necesaria, porque en el interior la gente afectada por el invierno tiene el agua hasta la cintura, y llagas. De esa cuenta, el 11 último se publicó el decreto de calamidad pública por 30 días en Retalhuleu, Suchitepéquez, Escuintla y Santa Rosa, así como en los municipios de Villa Nueva, Mixco y Chinautla, del departamento de Guatemala, además de limitar la circulación de vehículos y personas en esas zonas. Esto, pese a que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Conred, aseguró que la situación, excepto en los municipios de Texcuaco y Masagua, Escuintla, estaba controlada, mientras que el Insivumeh anunció para la primera semana de noviembre el final del invierno. LO QUE SE OYO EN EL CONGRESO -En sólo 20 minutos el Congreso dejó de lado la intención del Ejecutivo de seguir haciendo compras y contrataciones amparado en el estado de calamidad pública. -Se respetó el acuerdo a que se había llegado la semana pasada con todos los jefes de bloque, en el sentido de improbar el decreto de calamidad, expresó el diputado de la ANN, Gregorio Chay. -El gasto desmesurado de fondos que ha hecho el Ejecutivo nos obliga a no aprobar el estado de calamidad, a sabiendas de que hay gente que estuvo con el agua hasta el cuello por las constantes lluvias, dijo Jorge Rosales, del PAN. -No vamos a dar nuestro voto para propiciar que haya despilfarro y que los fondos del Estado no se usen adecuadamente, tomando en cuenta que, amparado en el estado de calamidad, el Ejecutivo puede hacer compras y contrataciones sin licitar, manifestó Pablo Duarte, de la bancada Unionista. -Creemos importante que se revisen algunas leyes, como la del Ejecutivo, para evitar futuros abusos, opinó Otoniel Fernández, de la ANN.
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