Yaramis Martínez Ureña es una niña de 3 años y 10 meses, oriunda de la comunidad de Churuquita Chiquita, ubicada en el distrito de Penonomé, que desde los 9 meses de haber venido al mundo, se convirtió en una afectada más, al consumir jarabe envenenado con dietilenglicol.
Su madre Yahaira Ureña narró que la lucha por sobrellevar la enfermedad de su hija ha sido una tarea titánica.
Desde octubre de 2008, cuando le diagnosticaron que su hija había salido positiva por consumir jarabe envenenado, la niña presenta diferentes tipos de sintomatologías.
Con voz entrecortada, esta humilde mujer explicó que la niña sufre con frecuencia de dolores de cabeza y en los huesos, se resfría frecuentemente, tiene baja la hemoglobina, sus manos permanecen calientes y pide a diario que la bañen, es estítica, y a veces no puede orinar, incluso hay días que no quiere levantarse.
Aunque desde junio del presente año, la señora Ureña viaja cada 2 meses a la ciudad de Panamá para recibir $ 140.00, que le entrega el Gobierno, agregó que esta cantidad no le es suficiente para sufragar el alto costo de los medicamentos y la alimentación especial de la infante.
Lamentablemente, esta historia la viven otros 59 niños que han sido registrados como evenenados por dietilenglicol.
Precisamente ayer se cumplían 3 años de lucha continua del Comité por el Derecho a la Salud y la Vida, agrupación que aglutina a todos los sobrevivientes y familiares de las víctimas de este masivo envenenamiento, quienes realizaron un encuentro en el Auditorio José Dolores Moscote, lugar donde se mezclaron sentimientos de dolor e impotencia.
Para el representante de esta agrupación, Gabriel Pascual, "durante el tiempo transcurrido ha imperado un tortuguismo dentro del marco legal, un gran vía crucis, un calvario, frente a la desidia de algunas autoridades y resistencia de los organismos encargados de legislar".
Pascual sostuvo que después de tres años, el Comité solicita la creación de leyes que beneficien a los sobrevivientes de por vida, reglamentaciones que regulen los horarios de trabajo de los sobrevivientes, y la creación de un Instituto Nacional de Nefrología.
En tanto, para la asistente legal del Comité, Teresa Cisneros, existen más de 800 denuncias y todavía hay envases toxicológicos que se presentaron, de los cuales no se ha dicho nada.
