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EDITORIAL
Renuncias
El caso del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (CEMIS) ahora amenaza la institucionalidad de la Corte Suprema de Justicia y de la Procuraduría General de la Nación.
Diversos gremios de la sociedad civil reclaman la renuncia de los magistrados Alberto Cigarruista y Winston Spadafora, así como del jefe del Ministerio Público, José Antonio Sossa. Se cuestiona el proceso de elección de los dos integrantes de la Corte Suprema y la forma cómo se investigó el mayor caso de corrupción registrado en los últimos años.
Lo más destacable de todo es que la Curia Metropolitana fue el escenario para lanzar la petición de los gremios, que han constituido la mayor concentración de organizaciones desde el surgimiento de la Cruzada Civilista, en junio de 1987.
Sin duda que Alberto Cigarruista, al confirmar que hubo sobornos en la Asamblea Legislativa para aprobar el contrato del CEMIS, se convirtió en una especie de detonante de una crisis, cuyos resultados son impredecibles.
Al igual que Roberto Díaz Herrera, cuando en 1987 puso al descubierto la corrupción imperante en las Fuerzas de Defensa, Cigarruista ha destapado una olla de grillos que hoy amenaza la estabilidad del Organo Judicial, la Asamblea Legislativa y del propio Ejecutivo.
Lo más cuerdo frente a la situación actual es reabrir las investigaciones del caso CEMIS y de la ratificación de los magistrados de la Corte, asignando las sumarias a una comisión especial integrada por personas de reconocida solvencia moral.
Los tres órganos del Estado están afectados de una u otra forma por el escándalo del CEMIS. No hay confianza en las instituciones y se hace necesario adoptar decisiones extraordinarias con el fin de buscar la verdad de lo sucedido. ¡Esto es lo que se impone ante la falta de credibilidad que impera en Panamá!
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PUNTO CRITICO |
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