Los ex trabajadores despedidos mediante la Ley 25 de 1990 solicitarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una audiencia pública, porque el Estado no ha tenido la responsabilidad de indemnizarlos, manifestó Eric González, vocero de los afectados.
Aclaró que no han rechazado la oferta de $20 millones que le hizo el Estado el año pasado; sin embargo, ese monto no cubre todas las declaraciones.
