Los presupuestos asignados a la administración de justicia en Panamá se han manejado la última década con criterio de tacaños, al menos esta es la conclusión más cercana a la que llega la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Graciela Dixon.
Dixon solicitó una asignación presupuestaria de B/.101.1 millones para el 2007, superior en B/.13 millones a lo del año pasado.
La funcionaria manifestó que la cifra solicitada detendría el rezago judicial que registró el ingreso de 92, 126 nuevos casos, que contribuyó negativamente a engrosar la mora judicial totalizada en 208, 826 expedientes.
