Sin duda que el subsidio oficial a los partidos políticos tiene mala imagen ante la mayoría de la población. El panameño común no entiende cómo se financia anualmente con algo más de $4 millones a los políticos, mientras que en el país hay otras necesidades.
Sin embargo, también resulta un engaño afirmar que el subsidio puede cubrir el aumento de $50 que reclaman los jubilados. La suma que se entrega a los partidos apenas serviría para conceder un aumento de $9 a los llamados adultos mayores.
El subsidio electoral surgió en 1997 y fue en las elecciones de 1999 que entró en funcionamientos. La idea era prevenir la filtración de dinero ilegal en las campañas electorales. En las campañas de 1984, la de 1989, la de 1994 y la más reciente del 2009 hubo denuncias de penetración de dinero del narcotráfico o de potencias extranjeras a favor de candidatos presidenciales.
El subsidio es una herramienta de las llamadas democracias modernas, pero el problema es que muchas veces en vez de fomentar la educación cívica de los electores, sirve para cubrir los salarios de la cúpula de un partido determinado cuando dejan la burocracia estatal.
La propuesta del Ejecutivo debe abrir un debate serio sobre el tema y ojalá no sea una maniobra de distracción para que se diluya la investigación sobre el tráfico de chinos que adelanta el Ministerio Público.
Una mejor reglamentación y hasta una disminución de los aportes estatales a los colectivos políticos sería saludable para evitar que los fondos se malgasten en salarios para dirigentes de esos partidos y que se usen más para educar a panameños para que tengan una auténtica vocación democrática.