El ministro de Trabajo, Edwin Salamín Jaén, dijo que ha instruido al personal administrativo para solicitar el primer crédito extraordinario de $ 6.9 millones para hacerle frente al primer pago de los afectados por la Ley 25 de 1990.
Salamín afirma que el primer pago a los afectados está pendiente de la homologación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de 203 finiquitos suscritos por las víctimas que acudieron al ministerio estuvieron de acuerdo con sus cálculos.
El funcionario enfatizó que una vez la CIDH homologue dichos finiquitos, el Estado procederá a realizar esos pagos a través de una convocatoria pública.
Los pagos siguientes, según lo acordado, se harían en el 2009, 2010 y el 2011, con lo cual se cancelará la totalidad de la deuda que ahora suma 21.9 millones de dólares, donde se contempla un concepto adicional de devolución en materia de salarios caídos, recargos e intereses por el 10 por ciento, según lo establece el Código de Trabajo.
