Tras la situación que se generó con la elección de Pedro Miguel González como presidente de la Asamblea Nacional de Diputados, saltó a la vista la necesidad de que el Órgano Legislativo cumpla una mejor labor fiscalizadora.
Muchas veces los diputados se convierten en meros firmones de las instrucciones que vienen del Ejecutivo y no ejercen adecuadamente sus funciones.
Entendemos que debe existir armonía entres los tres poderes del Estado, pero los políticos que ocupan curules en el Palacio Justo Arosemena, no deben olvidar las obligaciones que les confiere la Carta Magna y el propio Reglamento Interno de la Asamblea.
Una Asamblea que actúe con verticalidad y no en base a las prebendas que puedan conseguir sus miembros, tendrá mayor respeto del Ejecutivo y del Organo Judicial, así como de los electores que los llevaron a esos cargos.
El Ejecutivo también debe abandonar la mala costumbre de intentar influir a favor u otro candidato a la presidencia de la Asamblea. Hay que dejar a las bancadas seleccionar sus figuras, sin intentar imponer ungidos.
Los diputados deben ser estudiosos de los proyectos para así brindar sus aportes y mejorarlos, proponer anteproyectos y desarrollar investigaciones para fiscalizar la actuación de otros sectores del engranaje gubernamental.
Más que reclamar partidas circuitales o contratos, la principal labor de los diputados es servir de contrapeso en el manejo de las cosas del Estado y ser las voces de los electores que le dieron el voto.
Al final, la situación que se generó en torno a la polémica elección de Pedro Miguel González, se resolverá de una u otra forma. Quizás tarde o temprano renuncie a la presidencia de la Asamblea, pero lo importante es que la Asamblea recupere su papel fiscalizador.