En la fase de práctica de pruebas se encuentran cuatro demandas contra el Estado panameño por un monto de 25 millones de dólares, que fueron interpuestas por cuatro familiares de víctimas que fallecieron en el incendio del bus 8B-06.
La Sala Tercera Contencioso Administrativa, bajo la ponencia del magistrado Adán Arnulfo Arjona, admitió las demandas presentadas por los familiares de Agripina Sánchez Pinto, Janeth Argelis Camargo Sánchez, Doriselia Bonilla Sanjur y Litzuri M. De León Santos, cuyo representante legal es Carlos Gavilanes.
Las pruebas que se tendrán que presentar son documentales, informes periciales y se realizarán inspecciones judiciales.
Entra las entidades donde se realizarán las inspecciones y solicitud de pruebas están: la Contraloría General de la República, Caja de Seguro Social, Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos de Panamá, Ministerio de Economía y Finanzas, Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, Sistema Nacional de Protección Civil y Banco Nacional de Panamá.
