El ex ministro Salvador Rodríguez tuvo más suerte que su ex colega Belgis Castro. Ayer rindió indagatoria durante cuatro horas por el supuesto delito de peculado, pero salió sonreído de la Fiscalía Tercera Anticorrupción sin ningún tipo de medida cautelar. Sus abogados se habían curado en salud y antes de la diligencia presentaron un Hábeas Corpus Preventivo contra la fiscal Yolanda Austin.
Rodríguez, quien enfrenta una investigación por el presunto peculado de $119, 496 de una adenda que firmó en el 2008, por la contratación de la empresa CODIESA para la remoción de fibra de vidrio en centros escolares de Colón, señaló que el documento y la certificación de la obra fueron refrendados por la Contraloría.
Según Rodríguez, los trabajos se realizaron en los planteles educativos y quedaron a satisfacción, además se contaba con los informes de la Contraloría.
La Fiscal dijo que en el expediente están investigados cinco personas, entre funcionarios del Ministerio de Educación, de la Contraloría y de la empresa privada.
Para esta semana han sido citados los funcionarios del Ministerio de Educación: Augusto Peñafiel Herrera, César Cordero y Glenis García.
Austin aclaró que con Rodríguez la Fiscalía cumplió con la formulación de cargos y escuchó los descargos, ya que está contenida su participación en la contratación de la remoción de fibra de vidrio.
En las Fiscalías Anticorrupción existen un total de 6 expedientes relacionados que son investigados separadamente por peculado en Chiriquí, Coclé, Colón, Panamá Este y San Miguelito.
La fiscal Yolanda Austin aseguró no recibir ningún tipo de presión del Ejecutivo, y recordó ser una funcionaria de trayectoria, respetuosa de la Constitución Nacional y la Ley, que no permite a estas alturas del partido presiones de nadie para hacer algo indebido en el expediente.
Un total de 22 escuelas supuestamente debían contar con la remoción de la fibra de vidrio y en al menos 7 los directores no solicitaron tales trabajos.
Ayer la Fiscalía Segunda Anticorrupción que dirige Ramsés Barrera dictó la providencia de indagatoria a funcionarios del Ministerio de Educación, al estar vinculados al peculado de $136, 820, donde fueron afectadas 10 escuelas en el 2007, donde se tenía que remover fibra de vidrio.
