El Gobierno Nacional ha establecido como presupuesto para el año 2011, unos $13 mil millones, cuyo mayor porcentaje tiene como objetivo el impulso de obras de relevancia en el campo social que deberán motivar, si se logran materializar, un cambio profundo que disminuirá las desigualdades entre los diferentes estratos de la población y promoverán el crecimiento económico del país.
En este presupuesto se encuentran incluidos programas como "100 a los 70", las Becas universales, el Proyecto Curundú y otros de innegable impacto social que cambiarán la manera de formular y llevar a cabo los planes sociales que favorezcan a la población.
Así mismo, esta cantidad pretende enfrentar la pobreza y distribuir de manera equitativa los recursos, a través de los programas ejecutados por los ministerios y las instituciones; para algunos, la ejecución será un reto y para otros, el manejo ajustado al tiempo.
Sin embargo, la población preserva en su memoria las irregularidades cometidas con el Programa de Desarrollo Comunitario (PRODEC), una iniciativa del gobierno anterior, cuyos resultados todavía no son conocidos.
El PRODEC es sustentado por los excedentes económicos del Canal de Panamá, cuyo monto alcanza los $50 millones al año, cantidad que ha sido depositada en las arcas gubernamentales durante varios años.
Todavía las extensas e intensas auditorías no permiten conocer el alcance de la corrosiva acción de los que hicieron uso indebido de estos recursos. No obstante, informes periodísticos señalan que el "60% de las obras que se ejecutaron presentan deficiencias en su construcción, además de haber sido pagados sobreprecios en algunas de ellas".
El propio ministro de la Presidencia, Jimmy Papadimitriu, ha dicho que el PRODEC "hay que cerrarlo. No sirve. Ya lo he planteado al Gabinete". De allí que se deba preguntar al Gobierno, ¿cómo se desarrollarán estas inversiones sociales sin caer en los vicios y en la corrupción administrativa?
También es necesario que, tan pronto se conozcan los resultados de los procesos de auditoría, los responsables de esta malversación de fondos públicos sean castigados de manera ejemplar.
Poco se discute sobre este importante fondo de recursos del Estado que pretende proporcionar beneficios sociales a la población más necesitada y que para los políticos representa una de las mayores preocupaciones de los adversarios de las diferentes administraciones.
El editorial del Panamá América del sábado 21 de agosto, dice, al referirse a este multimillonario presupuesto, que el Gobierno debe señalar en un mapa de la nación todas las inversiones sociales para que la ciudadanía conozca y evalúe.
